Las constantes noticias relacionadas con daños al medio ambiente van desde la falta de coordinación en un vertido de una especie de plásticos en las costas Gallegas hasta la celebración de eventos musicales en espacios protegidos de Fuerteventura.
La protección medioambiental integra acciones de prevención, reducción y eliminación de la contaminación sobre el agua, la atmósfera y el suelo y para ello las Administraciones Públicas en sus distintos niveles deben mantener acciones coordinadas que permitan no solo el cumplimiento de la ley sino advertir cuando una situación que impacte sobre la biodiversidad pueda ser considerada de tal magnitud que requiera un trabajo coordinado entre las partes.
Son muchos los casos en los que las acciones humanas tienen consecuencias sobre los recursos naturales y afectan los distintos ecosistemas, de manera que es de gran relevancia conocer algunos eventos que se han presentado de manera reciente donde hay un alto potencial de contaminación ambiental, lo que permite reflexionar sobre la importancia de contar con profesionales especializados en la protección jurídico ambiental.
Protección medioambiental: El impacto ambiental de los pellets
El vertido de pellets en las costas gallegas que se ha extendido a Cantabria y Asturias ha generado gran conmoción no sólo en los habitantes y Administraciones Públicas de la zona, sino que se ha extrapolado a nivel nacional e incluso ha alcanzado a Bruselas donde parece que se van a establecer algunas condiciones a la ley de microplásticos de la UE.
Desde que se conoció que una marea de pellets inundaba las costas de Galicia, la preocupación en las Administraciones Públicas no ha sido menor y ha puesto en evidencia la necesidad de coordinar todos los niveles de acción para mitigar los efectos que este tipo de vertidos puede tener en el medio ambiente y en la gestión del ecosistema marino. Esta situación ha puesto sobre la mesa la propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre la prevención de contaminación por microplásticos con ocasión de la pérdida no intencionada de pellets, de manera que se intentaría incluir controles al transporte marítimo dentro de las aguas europeas.
Este caso no deja de recordar los tiempos del Prestige que terminó liberando unas 70.000 toneladas de petróleo al mar, y reaviva el debate sobre los vertidos al medio marino que constituye una de las principales problemáticas ambientales que incide de forma directa en la degradación de los ecosistemas en los que hay una gran biodiversidad que debemos proteger a través de la aplicación de la normativa y de la exigencia de responsabilidad en base a los principios del Derecho Ambiental.
Los raves en Espacios Protegidos
Aunque parece evidente, los Espacios Protegidos deben estar a salvo de una serie de actividades que por la intensidad en el uso del ecosistema podría afectarlos de manera grave. De ahí que, en la comunidad ambiental, se haya recibido con mucha preocupación la realización de una fiesta electrónica -conocida como rave– en el volcán Calderón Hondo de La Oliva, ubicado en Fuerteventura y que está clasificado como suelo rústico especialmente protegido en el Plan Insular de Ordenación y de los Recursos Naturales de Fuerteventura.
Si bien el disfrute al medioambiente está reconocido constitucionalmente, también se advierte que este uso debe ser de manera racional y sostenible, mucho más tratándose de espacios protegidos. Así pues, el artículo 80.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, clasifica dentro de las infracciones administrativas la alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos propios de él y de forma subsiguiente determina las sanciones que acarrea. Adicionalmente, en materia penal el artículo 330 del Código Penal señala como conducta delictiva el daño grave a los elementos que sirven para calificar un espacio natural protegido.
Se puede evidenciar cómo la regulación normativa brinda un marco de protección ambiental frente a posibles alteraciones de los ecosistemas, evitando la contaminación de los distintos elementos que lo integran y la necesidad cada vez mayor que tiene la sociedad de contar con expertos en Derecho Ambiental, que se concreta en demanda pública y privada con una enorme proyección nacional e internacional.
